Reforma del Código Penal: ADePRA pidió un debate de alto nivel y consenso social

La Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) expresó su profunda preocupación ante la intención de otorgar un tratamiento legislativo acelerado y sin el debido debate a una reforma integral del Código Penal de la Nación durante el período de sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación.

En un comunicado firmado por el presidente Adolfo Sánchez Alegre y el secretario general Diego Stringa, la entidad que nuclea a defensores públicos de todo el país “exhortó respetuosamente a las autoridades competentes a reconsiderar tanto el mecanismo como el contexto del tratamiento legislativo propuesto”.

Desde ADePRA pidieron “promover un debate en el marco de las sesiones ordinarias, que permita arribar a una reforma penal legítima y representativa, acorde con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”.

En este sentido, la entidad explicó que el “derecho penal constituye la forma más intensa de intervención del Estado sobre los derechos fundamentales de las personas, en tanto habilita el ejercicio de su poder punitivo frente a conductas que lesionan bienes jurídicos esenciales para la convivencia social”.

Por ello, toda modificación estructural del sistema penal exige un alto nivel de deliberación democrática y consenso social.

ADePRA coincidió en apuntar en el comunicado que “el Código Penal argentino, vigente desde el año 1921, ha sido objeto de múltiples reformas parciales a lo largo de su historia” y que “existe un consenso amplio en torno a la necesidad de su actualización y adecuación a las transformaciones sociales y jurídicas de nuestro tiempo”.

Sin embargo, una reforma de esta magnitud no puede ni debe abordarse de manera apresurada, ni al margen de un debate plural y debidamente informado.

Por último, la entidad pidió un debate acorde a nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional establecen límites precisos a la potestad estatal de sancionar, fijando estándares que solo pueden garantizarse mediante un proceso legislativo abierto y participativo.

En ese sentido, resulta indispensable la intervención activa de las universidades, los institutos especializados, las asociaciones de magistrados y funcionarios, los colegios profesionales, las organizaciones de la sociedad civil y los diversos actores del sistema de justicia.